Por Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos
La Sanidad Pública en el Sistema Nacional de Salud y en Castilla y León arrastra más de una década de recortes y políticas privatizadoras que han debilitado su capacidad para responder a las necesidades de la población.
La pandemia ha puesto en evidencia estas deficiencias, tanto en recursos materiales como en personal. Llevamos más de un año con una mala respuesta a las situaciones no COVID, especialmente en las zonas rurales, y con poca autocrítica y mucha propaganda que negaba lo evidente: se ha vulnerado la equidad y la accesibilidad a los recursos de Atención Primaria y hospitalarios. Una Atención Primaria que partía de una falta crónica de inversión y una gestión del personal que ha comprometido de forma muy grave el relevo generacional de médicos y enfermeras. Tampoco olvidamos la escasísima financiación, estructura y recursos humanos dedicados a Salud Pública.
Se ha optado por potenciar el hospital frente a la Atención Primaria. Se ha puesto el foco en lo agudo y la emergencia descuidando el abordaje de la cronicidad y la prevención y promoción de la salud. Se ha diseñado un sistema con plantillas insuficientes y con menos camas por habitante que la media europea, junto con una casi nula estructura de centros propios para situaciones de media y larga estancia. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para los grupos más vulnerables, especialmente las personas mayores en residencias y las personas con enfermedades crónicas.
A quienes mantenemos un compromiso con la Sanidad Pública nos preocupan los resultados en salud y los resultados de actividad del sistema sanitario. Pero no desde una perspectiva economicista, sino desde un concepto más amplio consensuado en nuestro país sobre el derecho a la salud, que necesariamente comprende la solidaridad, la equidad, la accesibilidad, la universalidad, la financiación vía presupuestos del estado y la prestación a través de recursos y empleados públicos.
Por eso nos preocupa y nos manifestamos cuando se actúa en contra de estos consensos.
- Ante restricciones a la universalidad de la asistencia sanitaria pública que están afectando a grupos de población, por motivos administrativos, geográficos o de cualquier otra índole.
- Ante la paradoja de recortar la financiación y la capacidad de la Administración Pública al tempo que se privatiza. Hay evidencia científica sobre las externalizaciones. Privatizar la actividad (como la de las listas de espera) y privatizar la gestión (como el modelo semiprivado del Hospital de Burgos) resta recursos al Gestor Público y resulta más cara y menos eficiente. Sólo una mala gestión puede explicar que mientras nuestra propias instalaciones están infrautilizadas, se externalice porque las empresas privadas sí que sean capaces de encontrar personal sanitario.
- Ante el imparable crecimiento de las listas de espera y la menor detección de enfermedades durante la pandemia.
- Ante políticas de personal que agotan, frustran y empujan a los sanitarios emigrar o a trabajar en la sanidad privada. No es fácil recuperar profesionales, pero deberían haberse iniciado medidas para motivar y fidelizar a los que ya tenemos.
- Ante la ausencia de incentivos para que nuestros sanitarios trabajen en exclusividad para el sistema público, y ante una aplicación del régimen de incompatibilidades que consiente que jefes y cargos intermedios trabajen en la sanidad privada.
- Ante un sistema que regula el acceso a cargos directivos y jefaturas, mediante sistemas de libre designación que anteponen cuestiones subjetivas de afinidad personal o ideológica en vez de considerar de forma objetiva competencias y proyectos. Incluso, se abusa de los nombramientos provisionales, a dedo, sin convocatoria pública.
En estos, como en otros aspectos a mejorar, las Plataformas por la Sanidad Pública hemos estado y estamos exponiendo deficiencias y planteando propuestas como:
- Aumentar la financiación. El Gasto Sanitario Público debe incrementarse y alinearse con la cápita (gasto por persona) del promedio de los países de la UE. Y debe distribuirse incrementando hasta el 25% la parte dedicada a Atención Primaria, y al menos al 5% la dedicada a Salud Pública.
- Invertir en nuevos centros de salud (como el García Lorca) y mejorar las instalaciones de los actuales. Mejorar las comunicaciones y la tecnología médica de los centros.
- Invertir en recursos propios, en vez de derivar pacientes a empresas privadas puesto que las listas de espera son estructurales, porque son insuficientes los recursos públicos actuales.
- Derogar la ley 15/1997 y establecer la gestión pública directa como modelo de provisión de servicios sanitarios.
- Retomar la actividad presencial.
- Garantizar la cobertura y la accesibilidad en las zonas rurales y en los hospitales comarcales, incentivando dichos puestos de trabajo, mejorando la dotación de los centros y habilitando un sistema eficaz de transporte a la demanda puerta a puerta.
- Mejorar las condiciones laborales, tanto de acceso y estabilidad del empleo (contratos, oposiciones) como de salario, conciliación, movilidad voluntaria, etc…
- Aumentar las plantillas orgánicas para poder ofrecer contratos dignos en áreas de actividad que están infradotadas. Optar por el diálogo y la incentivación en vez de aprobar decretazos.
- “Desprivatizar” el Hospital universitario de Burgos y dotar de actividad los centros infrautilizados como el Hospital Divino Valles de Burgos.
- Garantizar el relevo generacional incrementando las plazas de formación adecuándolas a las necesidades del sistema.
- Facilitar la participación de la sociedad en el sistema sanitario, reconociendo que no somos simplemente pacientes, sino sus titulares-propietarios.
El diálogo es imprescindible para reforzar la Sanidad Pública y salir mejor de esta crisis. Se debe partir de los consensos existentes y reconocer las necesidades y la diversidad de Castilla y León. Hace falta honestidad y compromiso. Empatía, escuchar, ponerse en el lugar del otro. Crear espacios de análisis y debate, y revitalizar los ya existentes, como los Consejos de Salud.
Ante la pasividad de la Administración Autonómica en la búsqueda de soluciones consensuadas y tras constatar la puesta en marcha unilateral de reformas en las zonas rurales y la intensificación de la externalización de actividad en lugar de reforzar los recursos propios, las Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León han convocado una Asamblea en defensa de la Sanidad Pública, invitando a la participación de organizaciones y colectivos.
Una iniciativa interesante y necesaria, porque hay un amplio consenso sobre la Sanidad Pública y desde ahí, es imprescindible aportar propuestas y medidas que la fortalezcan y aseguren su papel al servicio del bien común.
