La Asociación para la Defensa de la mujer La Rueda denuncia que, a pesar de la aprobación de una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León en junio de 2020, donde se instaba al Gobierno de CYL a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros hospitalarios públicos de SACYL, las mujeres residentes en Burgos siguen sin verse garantizado su derecho conforme a la ley de 2010.
A día de 19 de abril 2021, nada se sabe de la supuesta prestación del servicio que iba a iniciar el HUBU, según había asegurado la Consejera de Salud Verónica Casado en febrero de 2020, antes incluso de aprobarse esa PNL. El estado excepcional que estamos viviendo, los confinamientos y los cierres perimetrales, agravan más aún la situación de las mujeres burgalesas que necesitan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Han puesto en riesgo su salud -debido a los desplazamientos y viajes entre municipios y provincias-, así como su derecho a la protección de la intimidad y de la confidencialidad, una tarea complicada cuando deben justificarse una serie de desplazamientos a priori prohibidos o restringidos.
El HUBU cuenta con profesionales y con los medios necesarios para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, nuestras autoridades políticas y sanitarias no han hecho nada, interesada o negligentemente, por ponerlo aún en práctica. Cabe preguntarse dónde quedan los derechos de las mujeres y por qué son, siempre, los últimos en solucionarse.
